La SGAE demanda a la promotora de los conciertos Taylor Swift por impago de derechos de autor
La entidad asegura que no se han abonado las cuotas correspondientes a los dos conciertos de Taylor Swift, además de los de otros artistas durante los ejercicios 2022 y 2024.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha demandado a la promotora Last Tour por no haber abonado las cantidades derivadas de los derechos de autor de tres ejercicios, desde 2022 a 2024: más de cuatro millones de euros de los que la mitad corresponden a los dos conciertos de Taylor Swift en Madrid.
Así lo han confirmado a EFE fuentes de esta sociedad, encargada de recaudar esos ingresos en nombre de los afectados por el impago, entre los que, además de la estadounidense, se encuentran otros autores y artistas que, como ella, son compositores.
Como responsables de otros importantes eventos como los festivales Bilbao BBK Live, Azkena Rock y Kalorama en Madrid, en esa relación hay nombres tan conocidos como los de Sting, Leiva, Amaia, María José Llergo, Juan Luis Guerra o Rigoberta Bandini, entre otros.
Según han explicado desde la SGAE, la relación con Last Tour es "complicada desde hace años", con dos demandas previas, la última en 2019, que se terminó resolviendo a favor de los autores, pero "con el correspondiente retraso en el cobro".
El actual conflicto se inició precisamente en 2022, cuando "comenzó otra vez un silencio muy prolongado", denuncian desde la entidad de gestión colectiva, que comenzó a reclamar lo adeudado "en buen tono".
El detonante de la demanda, presentada ante el juzgado mercantil de Bilbao, es el aviso por parte de la entidad de gestión colectiva BMI, la que opera en EEUU, de que España era el único país del que aún no habían percibido las cantidades de Swift en concepto de derechos de autor, unos dos millones de euros.
Tras varias reclamaciones, se habría celebrado una reunión el pasado octubre en la que se puso sobre la mesa "una propuesta de acuerdo complicadísima", señalan fuentes de SGAE, con posible arbitraje ante la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI), pero no se llegó a acuerdo y se produjo la demanda.