Uber y Cabify abandonan Barcelona
A partir de hoy, viernes 1 de febrero, las grandes empresas Uber y Cabify abandonan la ciudad de Barcelona por el nuevo decreto de la Generalitat de Catalunya. Y, por otra parte, los taxistas de Madrid, que siguen con su undécimo día de huelga, rebajan demandas.
Las empresas Uber y Cabify han confirmado que dejarán de operar en Barcelona cuando entre en vigor el decreto de la Generalitat que, a su juicio, les "expulsa" y les obliga a precontratar los vehículos de alquiler con conductor (VTC) con una antelación mínima de 15 minutos.
Coincidiendo con este anuncio, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha subrayado en una comparecencia en el Congreso que la norma que transfiere las competencias a las comunidades autónomas en materia de VTC "no es una ofensiva a las plataformas digitales" como Cabify o Uber y "da libertad pero no obliga" a las autonomías a regular esta actividad.
Mientras tanto, el sector del taxi en Madrid, que secunda su undécimo día de huelga indefinida, ha avanzado que pondrá encima de la nueva una propuesta en la que renuncia a incluir un plazo mínimo para la precontratación del servicio de VTC y lo dejan "al arbitrio" del Ayuntamiento, aunque mantienen en el documento la captación de clientes y el regreso a base de estos vehículos tras dejar a un usuario.
Además reclaman "voluntad política" a la Comunidad de Madrid tras el rechazo a su propuesta, que el presidente Ángel Garrido calificó de "aún más radical que las anteriores".
El presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, ha reconocido que no se cree que Uber y Cabify vayan a cumplir con su amenaza, pero que de consumarse no "debería preocupar" a los ciudadanos.
A un día de la entrada en vigor del decreto de la Generalitat, Uber ha comunicado su marcha de Barcelona al entender que la obligación de esperar como mínimo 15 minutos para viajar en un VTC "no existe en ningún lugar de Europa y es totalmente incompatible con la inmediatez de los servicios" que ofrece.
La misma decisión ha adoptado Cabify, que denuncia "su expulsión de Cataluña" con la entrada en vigor de la normativa catalana ya que el 98,5 % de los viajes que gestiona en su aplicación están por debajo de 15 minutos y la regulación tiene "como único objetivo" la "expulsión" directa de la aplicación Cabify y de sus empresas colaboradoras de Cataluña y Barcelona.
Uber volvió a Barcelona hace casi un año y, desde entonces, más de medio millón de personas ha elegido este servicio, mientras que Cabify cuenta con un millón de usuarios registrados en Barcelona.
Además, cabe recordar los ERE anunciados por parte de las empresas de VTC. Es el caso de Vector Ronda, que ha comunicado un expediente de despido colectivo para toda la plantilla en Cataluña, unos 1.000 empleados.
A diferencia de Cataluña, donde los taxistas volvieron a trabajar tras días de protestas, el sector en Madrid encadena once días de huelga, con algunos taxistas en huelga de hambre desde hace una semana.
Sin embargo, han anunciado que volverán a poner encima de la mesa una nueva propuesta, en la que renuncian a incluir un tiempo mínimo para la precontratación del servicio de VTC, el principal escollo en las negociaciones.
Desde el PP en el Ayuntamiento de Madrid insisten en que su partido no aplicará las políticas de Cataluña, mientras que la Comunidad de Madrid califica de "muy mala noticia" el anuncio de Cabify y Uber aunque lo ve "lógico" si se legisla "en contra" de ellas.
Ciudadanos en la Asamblea ha instado al Gobierno regional a asumir su responsabilidad y promover una mesa de diálogo a cuatro: Ayuntamiento, Comunidad, sector del taxi y el de VTC. Ábalos, que ha recibido a taxistas a las puertas del Congreso, considera que si en Madrid se ha regulado la actividad de un millar de patinetes eléctricos también es posible "hacer lo mismo" con los vehículos de VTC.
Además ha insistido en que el real decreto ley que regula esta actividad y que dejó las competencias en manos de las comunidades autónomas fue convalidado en el Congreso y está abierto a enmiendas, en tanto que el diputado del PSOE César Ramos ha culpado al PP de la situación actual.
El conflicto también se ha extendido a Andalucía. De hecho, la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi defiende un cambio normativo que permita el cobro por plaza en cada viaje de taxi contratado mediante una aplicación y la consejera andaluza de Fomento, Marifrán Carazo, ha defendido la "coexistencia" de taxis y VTC.